PARTE II

Médicos del Mundo entra en vía judicial por el derecho a la salud

Actualmente, los tres expedientes que Leonilda tiene abiertos solicitan un certificado que es imposible de conseguir y de ello tiene constancia la propia administración sanitaria española. Podría tratarse de una supuesta coartada de la institución para negarle a Leonilda el derecho a la salud que le pertenece. 

En el 2014 Médicos del Mundo empezó con el procedimiento en el caso de Leonilda do Amaral. Inicialmente solicitó que se le prestase atención sanitaria a cargo del INSS, como residente con situación regular en España pero sin recursos propios. En ese momento, le niegan la asistencia sanitaria a cargo de España, al ser pensionista de Brasil consideran que ella ya tendría ese derecho por su país a expensas de un convenio bilateral que tienen ambos estados. El problema es que en la práctica, tal y como ha demostrado Leonilda, Brasil ha suspendido unilateralmente ese convenio, por lo tanto no presta asistencia sanitaria a sus ciudadanos en España. Pero, sin embargo, el gobierno español le exige un certificado para acreditar algo que el ministerio de Sanidad brasileño no emite.

Se exige la propia acreditación como si fuera un requisito sine qua non, es un bucle, una situación sinceramente de maltrato institucional

Esto provoca un desamparo institucional por parte de Brasil, que deja a los pensionistas en España sin ninguna posibilidad de acceder a la sanidad, porque no otorga ese documento en el que afirma que ya no se encarga de la prestación. Esa desprotección se consolida también por parte de la seguridad social española, que exige a los ciudadanos brasileños un certificado que no expide la administración brasileña. Además, Javier Pérez, abogado voluntario de Médicos del Mundo que está asesorando jurídicamente el caso de Leonilda, afirma que esa certificación no es obligatoria, que hace mención a ella en el artículo 6 (Real Decreto 1192/12) a que “si es el caso se deberá presentar esa certificación de la entidad pública del país de origen, pero si es el caso no es una formulación cerrada que exija que sea necesaria la aportación de ese escrito. Sin embargo por no aportarlo la administración española da por hecho que Leonilda no acredita que no puede recibir asistencia sanitaria por otras vías y le deniega la asistencia a cargo del INSS. Se exige la propia acreditación como si fuera un requisito sine qua non. Es un bucle, una situación sinceramente de maltrato institucional”.

Una vez que a Leonilda se le denegó la asistencia sanitaria por el INSS, acudió al Programa Galego, que está destinado a las personas extranjeras que residen en Galicia sin recursos propios suficientes. Curiosamente, el SERGAS tomó la idea del INSS y exigió la certificación del convenio bilateral también. Dejando en absoluta indefensión a Leonilda, exigiéndole un requisito imposible de conseguir. Sin embargo, se intentó una tercera vía -después de haber fracasado con la anterior y a propósito de una modificación de la ley en 2015-, que fuera Higinio, como español retornado, quien solicitara la atención para Leonilda como familiar reagrupado. Pero, nuevamente, en marzo de este año se dictó otra resolución, denegando el derecho a la salud, una vez más, como consecuencia del acuerdo entre España y Brasil. Esto último estaba en plazo de recurso, y Médicos del Mundo lo recurrió directamente. “La administración sabe que esa exportación de derecho no existe. Y la exigencia de un certificado que además no es taxativo, no debe de imponerse por encima de una realidad material que es que no existe la exportación de esa asistencia sanitaria”, sentenció Javier.

La brillante idea del SERGAS solicitando una certificación que no era necesaria, se agrava con respecto al Programa Galego, porque este no exige concretamente esa certificación. Además, la administración gallega considera que en “el proceso de subsanación de la documentación se podrá solicitar y valorar si es procedente un informe a cargo de un trabajador social”. Esta posibilidad que se da dentro del Programa Galego, en la que cualquiera documentación puede ser sustituida por un informe de un asistente social, ni tan si quiera se la propusieron a Leonilda. De hecho, los papeles presentados en los que constaba la imposibilidad de conseguir la certificación fueron extraviados y desestimaron el caso, justificando la no presentación de ese documento.

El expediente se dio por desistido por considerar que no entregó la documentación, pero lo cierto es que los papeles presentados se perdieron por el camino. No se le deniega el derecho pero deciden dejarlo a un lado. “Nosotros en el proceso teníamos seguro que ese requisito de documentación se había cumplido, y teníamos esperanzas sobradas que en vía jurisdiccional, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo se admitiese que esa documentación fue presentada en su día, ¿qué se hizo con ella en el expediente administrativo? No lo sabemos, se habrá extraviado”. Enseguida se presentó en vía judicial los documentos sellados que verifican que esa documentación se entregó. “No otorgarle ningún tipo de valor a esa documentación, pasaría a entender que es falsificada, y al ser presentada en un expediente judicial sería falsificación de documento público”. Sin embargo la sentencia simplemente considera que no es prueba suficiente.

Belén Torrón, técnica de intervención del Proyecto Migraciones, Movilidad y Derechos Humanos de Médicos do Mundo Galicia, fue la encargada de coordinar y orientar el caso desde verano de 2014. “Hemos hablado con los responsables del SERGAS, del Programa Galego, del INSS, con la defensora del pueblo, y en ningún momento encontramos ninguna vía por la que Leonilda pudiera acceder”.

Mientras que en el INSS o en vía judicial la razón que se da para la denegación es que no se presentó la documentación, como explicó Javier Pérez, en forma y en tiempo debido a que los papeles fueron traspapelados, esto obliga a presentar de nuevo todos los certificados. Hasta ese momento Leonilda estaba siendo atendida por un médico objetor de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). “En estos últimos años siempre había gozado de buena salud, lo que nos permitía ir presentando los recursos y planteando las vías judiciales que creíamos necesarias para la restitución del derecho a la salud de Leonilda, como acredita la normativa internacional de que todas las personas que residen en un territorio tienen derecho a cobertura”.

Esto no es un problema de derecho. La raíz del problema, aunque se quiera revestir, es otra. Siento que estamos invirtiendo recursos jurídicos en un conflicto que, realmente, de fondo no tiene naturaleza jurídica, sino que se deforma el derecho para adaptarlo a una respuesta tendenciosa

“Nuestra intención también es poner este caso al conocimiento del defensor del pueblo, porque entendemos que aquí, en primer lugar hay un maltrato institucional, hay una pauta genérica de discriminación pero con respecto a ciudadanos brasileños. Leonilda, por lo menos, ha tenido el apoyo suficiente de los suyos para acercarse a Médicos del Mundo y que desde aquí se tramite un expediente”, aseguró el abogado Javier Pérez. Y es que, ciertamente, lo sucedido es una indefensión que se puede repetir en otros muchos ciudadanos que quizás cuenten con menos apoyo familiar, o con menos recursos sociales. Con todo, Leonilda ya lleva tres expedientes administrativos, uno judicial, y camino del segundo. El gobierno ha vulnerado el acceso que debe tener un ciudadano que tiene residencia legal en España a la asistencia sanitaria, y en este caso, además, siendo familiar reagrupado por un emigrante retornado, a pesar de ese principio universalista que tiene la sanidad española.

“Es una interpretación jurídica demasiado rígida, pero no es un problema de derecho. La raíz del problema, aunque se quiera revestir, es otra. Siento que estamos invirtiendo recursos jurídicos en un conflicto que, realmente, de fondo no tiene naturaleza jurídica, sino que se deforma el derecho para adaptarlo a una respuesta tendenciosa”.

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