PARTE V

La salud es un derecho sufragado

“Si no llega a ser por Médicos del Mundo nosotros les íbamos a decir a nuestros tíos que se tenían que marchar”, confesó Ricardo al no poder entender que los gobiernos no estén viendo las consecuencias.

“Yo estuve por el mundo adelante, en Sudáfrica, en Brasil y no tuve ningún problema. Y ahora en mi propio país, que me tuve que marchar, el maltrato que obtengo por parte de la administración española y ella por parte de la brasileña, es un abandono”, afirmó Higinio Blanco recordando su situación de emigrante retornado. Precisamente, personas como él enviaron las remesas que se convirtieron en la base del sistema actual, cuando España era miseria, y estaba en un completo subdesarrollo. Fueron los que mejoraron el país, se lo debemos.

“Si no llega a ser por Médicos del Mundo nosotros les íbamos a decir a nuestros tíos que se tenían que marchar”, confesó Ricardo al no poder entender que los gobiernos y oposiciones no estén viendo las consecuencias. Leonilda es una ciudadana que paga su derecho a la salud a través de los impuestos, así es como se financia nuestra sociedad, sufragamos la sanidad, por ello tenemos derecho a ella. Pero, la reforma sanitaria ha convertido a los ciudadanos en personas aseguradas.

El Real Decreto Lei 16/2012, que legisló la ex ministra Ana Mato como supuesta medida de austeridad aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, retiró las tarjetas sanitarias a una parte de la ciudadanía, entre otras consecuencias. Esto supuso el fin de la universalidad de la salud en España, 870.000 personas fueron excluidas de la sanidad pública al día siguiente. Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU para la Pobreza Extrema, en una entrevista de eldiario.es criticó duramente la reforma sanitaria. Fue una ley aprobada sin un estudio previo sobre su impacto social y su supuesto ahorro económico, el objetivo era mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones.

Ante esto, la Xunta de Galicia el 21 de septiembre de 2012 -con las elecciones autonómicas en la esquina- respondió con el Programa Galego de Protección Social á Saúde Pública, su intención era atender a los ciudadanos que se quedaran desprotegidos por el Real Decreto. Esta normativa obliga a las personas inmigrantes a demostrar en un plazo: seis meses de empadronamiento y no tener recursos para el gasto médico. Dos requisitos exigentes e injustos a base de una búsqueda infernal de acreditaciones por los consulados.

Mientras tanto, Leonilda no tiene ninguna vía que le garantice un seguimiento continuo de atención sanitaria. El gobierno estatal y el gallego, así como el brasileño, están vulnerando el derecho a la salud de muchísimas personas, entre ellas mayores de 65 años con posibilidades de empeorar drásticamente. Esto va más allá de Leonilda. La situación es muy injusta, porque llevan 50 años manteniendo un sistema, que cuando lo necesitan no les quiere. Hasta hace poco, España presumía del principio de universalidad de la sanidad pública, es una retroacción. Las autoridades deberían entender que la seguridad de las personas no depende del aumento del presupuesto en defensa, sino en sanidad y educación. Así es como se evita la marginación de sectores de la sociedad, conflictos que son consecuencia de una violencia endémica del propio sistema.

“Yo sufrí mucho porque no le podía contar nada a mi familia estando fuera. Tuve que encararle a la vida con fuerza. Aquí lo dejé todo. Lo que importa de nuestra vida es el vivir, el resto no vale nada”, alegó Higinio al describir la violencia institucional que está sufriendo, que es un tipo de violencia de carácter estructural, emitida por el estado para entorpecer la condición de ciudadanas de pleno derecho.

LEONILDA TIENE DERECHO A LA SALUD!

#4AñosdeExclusiónSanitaria

 

 

Un reportaje de Selena Pizarro, estudiante del último año de periodismo en la Universidade de Santiago de Compostela y voluntaria de comunicación e inmigración en Médicos do Mundo Galicia.

 

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